Por Iñigo Sáenz de Ugarte
Los españoles creen que los políticos son parte del problema, no de la solución de la crisis. Esa sensación queda patente en todos los sondeos del CIS al menos desde los primeros meses de 2010. A mediados de los años 90, se vivieron cifras similares de rechazo, ligadas a los sucesivos casos de corrupción en el último Gobierno de Felipe González. La diferencia con esa época es que ha arraigado la idea de que hay demasiados políticos y que todos ellos forman una élite privilegiada que no sufre los efectos de la crisis. Al calor de esa indignación, se ha extendido un dato tan falso como absurdo: en España hay 445.000 políticos. Lo cierto es que no los hay y nunca los ha habido.
El dato surgió de una información aparecida en un diario digital conservador al que mucha gente cita en las redes sociales por sus feroces críticas al Gobierno de Rajoy. Una información repleta de errores de bulto se ha convertido en una referencia constante en muchas discusiones: la gente es capaz de creer cualquier cosa negativa de los políticos sin importar si cuadran las sumas o si se incluyen conceptos tan absurdos como creer que un agricultor de un pequeño pueblo que es también concejal, por lo que no cobra nada, es también un “político”.
En una información de ayer de ABC se da una cifra diferente en el titular: “Un Estado que cuesta medio billón al año y tiene 80.000 políticos para gobernarlo”. El artículo pretende promover la idea de que el Estado autonómico es insostenible al existir estructuras políticas duplicadas que deberían simplificarse para ahorrar dinero. Incluye una infografía que detalla el número de cargos políticos electos: 73.515. El dato procede de la suma de 350 diputados del Congreso, 266 senadores, 1.218 diputados autonómicos, 68.462 alcaldes y concejales, 1.810 consejeros comarcales (en Aragón y Cataluña) y 1.409 diputados provinciales y consejeros insulares.
El artículo no explica cómo se pasa de 73.515 a 80.000, pero en una enumeración incluye también a altos cargos de las Administraciones y asesores directos de libre designación, así que la diferencia viene de ahí.
La cifra mayor procede del censo de alcaldes y concejales. En las últimas elecciones de 2011, se eligieron 68.462 concejales en 8.116 municipios. 4.731 de esas localidades tienen menos de mil habitantes. ”El 90% de los alcaldes y concejales de España, que gobiernan los más de 7.700 municipios de menos de 20.000 habitantes, no tienen sueldo, no cobran”, según la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Hay que suponer que un número alto de alcaldes y concejales de las ciudades de más de 20.000 habitantes, pero no todos, reciben algún tipo de remuneración. En España hay unos 400 municipios en ese caso.
Una cosa es el coste de la política, que a todas luces no es exagerado, y otra muy diferente el coste del Estado. Ese es un debate legítimo especialmente ahora cuando todas las Administraciones han aprobado fuertes aumentos de impuestos y tasas, además de reducir el gasto social. El Gobierno pretende reducir en un 30% el número de concejales, pero la letra pequeña de esa reforma se desconoce. Puede ocurrir que el ahorro conseguido no sea muy grande, aunque al menos servirá para limitar excesos en los ayuntamientos en los que los concejales se asignan cantidades exageradas en concepto de sueldo o dietas.
Cabe también la posibilidad de que se trate de una reforma electoral encubierta al fortalecer el bipartidismo y dificultar que partidos pequeños y agrupaciones independientes consigan acceder al Ayuntamiento.
Otro debate posible es la existencia de las diputaciones que sobrevivieron a la llegada del Estado autonómico.
Lo que es indudable es la pésima imagen de los políticos. En el barómetro del CIS de junio, el 24,3% de los encuestados dice que los partidos políticos son uno de los peores problemas de España, sólo por detrás del paro y los problemas económicos. Cuando algunos políticos extienden la idea tan citada de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, los ciudadanos responden que si eso es cierto, ha sido por decisiones tomadas por los políticos para asegurarse la victoria en las elecciones. El origen de la crisis económica no está tanto en el sueldo de los políticos o en la financiación de los partidos, sino en lo que los gobiernos han hecho con los fondos públicos que salen de los contribuyentes.