El Gobierno restringirá la jubilación anticipada y parcial
El Gobierno enviará la próxima semana a la Comisión del Pacto de Toledo un informe donde se propone restringir el acceso a la jubilación anticipada que ahora se permite a los 61 años de edad si se ha perdido el empleo de forma forzosa y a los 63 años si es voluntaria. El Gobierno quiere elevar la edad a la que se permitirá la prejubilación, como ya se ha hecho incrementando la edad de la jubilación normal, que pasa de 65 a 67 años tras la última reforma de las pensiones, a lo largo de un periodo transitorio que concluye en 2027.
Además, el informe elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social plantea aumentar el número de años cotizados para poder tener derecho a la prejubilación. Como colofón, figura la posibilidad de subir los coeficientes de reducción de la pensión por cada año en que se adelante la jubilación. En estos momentos, la pensión se reduce entre un 6,5% y un 7,5% por cada año que se adelante respecto a la edad legal. Estas alternativas, junto con el endurecimiento para acceder a la jubilación parcial, serán presentadas por el Gobierno a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo donde se negociarán las reformas.
En la actualidad, una de cada dos jubilaciones es anticipada y han aumentado un 39% desde comienzos de la crisis. Son 383.900 jubilados con menos de 65 años de edad. Muchos de estos prejubilados llegan obligados por haber sido afectados por un expediente de regulación de empleo en su empresa.
Precisamente en este ámbito, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el real decreto que desarrolla la obligación de las empresas en beneficios que despidan a mayores de 50 años a pagar al Tesoro Público todos los costes que acarree para las arcas del Estado esos despidos colectivos. Así, las empresas que en los dos años anteriores hubieran tenido beneficios y con más de 100 trabajadores que hagan un ERE de extinción pagarán el importe de las prestaciones por desempleo y los subsidios de paro que se calcule tendrían derecho a cobrar esos trabajadores. Si el trabajador mayor de 50 años despedido encontrara trabajo, se le devolvería el importe correspondiente a la empresa.
También se ha aprobado un decreto que obliga a las empresas que aprueben ERE a desarrollar planes de recolocación de los trabajadores despedidos y se desarrolla la posibilidad de los ERE en el sector público.